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Un juez ordena el cierre de Uber en toda España

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09 de diciembre, 2014

Un juez de lo mercatil ha ordenado el cese y prohibición de toda actividad de Uber en España. Estas medidas cautelares han sido tomadas a petición de la Asociación Madrileña del Taxi. Además, el juez, en su resolució,n ha reclamado a las teleoperadoras que cesen actividad de cualquier tipo relacionada con Uber.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de  Madrid ha ordenado el cese y la prohibición en todo el territorio nacional de la aplicación Uber, que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa para desplazamientos.

El sistema de funcionamiento de Uber es sencillo: a través de su app o página web «conecta» a conductores (sin licencia para transporte de viajeros) con usuarios que necesitan de un transporte y la empresa se queda con un 20% de la ‘carrera’. La primera ciudad española en la que entró en funcionamiento fue Barcelona, seguida de Madrid y, más tarde, Valencia.

En un auto con fecha de hoy, el magistrado acuerda estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi. Estas medidas se plantean de forma previa a la futura demanda que interpondrá esta organización contra la empresa Uber.

El juez de lo Mercantil de Madrid aclara en su resolución que no se trata de un debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino de “una protección cautelar basada en la legalidad vigente».

El juez llega a esta conclusión porque la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal.

La medida cautelar adoptada se ha tomado sin escuchar  a la empresa Uber, domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Asimismo, en la resolución se oficia a las compañías de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a Uber.

En la parte dispositiva del auto, el juez ordena el cese de la actividad y la prohibición de cualquier aplicación (app), soporte y sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de transporte de viajeros de Uber en España. Además, señala que estas medidas «se ejecutarán una vez que la parte solicitante preste en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la presente resolución, la caución en forma de aval bancario de tiempo indefinido por importe de 10.000 euros y pagadero al primer requerimiento y se estime idóneo y suficiente por este Juzgado”.

Además, pide a los prestadores de servicios de información reconocidos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Uber.

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