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Los puntos de recarga de coches eléctricos de alta capacidad serán de utilidad pública

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29 de junio, 2020

El Gobierno, para facilitar la expansión del coche eléctrico, otorgará la declaración de utilidad pública a los puntos de recarga de alta capacidad.

El Gobierno, con la intención de promover y facilitar la expansión de los coches eléctricos, ha decidido declarar de utilidad pública los puntos de recarga de vehículos eléctricos de gran capacidad.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de Impulso a las Energías Renovables que declara la utilidad pública de los cargadores de coches eléctricos de alta capacidad, con una potencia superior a 250 kW, con el objetivo de reducir los trámites y el tiempo necesario para instalarlos.

Objetivo: recuperación económica

Según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera Rodríguez, estos puntos de recarga de alta capacidad son considerados «fundamentales» para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

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Con esta medida, se da respuesta a una de las peticiones del sector en su conjunto y en la que llevaban trabajando desde hace meses en la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive). Además, formaba parte del Plan Automoción 2020-2040 de ANFAC, que apostaba por esta iniciativa sobre la infraestructura de más de 150 Kw.

Este real decreto incorpora una serie de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica y acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

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Entre ellas, destaca también la extensión de la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora el procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se nutre con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido generar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años con el fin de invertirlas en medidas de ahorro de energía.

En este sentido, y a causa de situación creada por la crisis del coronavirus, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medianas empresas retrasar el pago de sus obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

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