El Gobierno lanza un plan de carreteras con inversión privada

17 julio, 2017, modificada el 29 agosto, 2017 por

El Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), que contará con una inversión privada de 5.000 millones de euros, actuará en un total de 2.000 kilómetros, lo que supone una longitud equivalente al 12% de la actual red. Además, el nuevo sistema de concesión evitará problemas como los registrados en las autopistas radiales que, actualmente, están en quiebra.

El Gobierno lanza un plan de carreteras con inversión privada1

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan de carreteras que contará con inversión de 5.000 millones de euros. El objetivo de este plan es, por un lado, completar, ampliar y mejor la red viaria y, por otro, reactivar la obra pública y el sector de la construcción para que éste se incorpore y contribuya a la recuperación económica y la generación de empleo.

En este sentido, se estima que el plan de carreteras suponga la creación de hasta 189.200 puestos de trabajo, unos 150.000 empleos (entre directos, indirectos e inducidos) durante la fase de construcción, y otros 39.200 más durante el posterior mantenimiento. Además, generará un retorno fiscal de 3.000 millones.

Según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, “estamos hablando de obras que vamos a poder hacer en los tres o cuatro próximos años, y esto va a reactivar el sector, va a dar una altísima generación de puestos de trabajo y va a servir también para dar un impulso definitivo a actuaciones que necesiten las carreteras y con ello favorecer la vertebración territorial y la cohesión social”. Además, ha recordado que  “son 5.000 millones de euros, que en estos momentos son prácticamente seis veces el presupuesto que Fomento puede dedicar cada año a nueva inversión para el conjunto del país”.

Sobre que vías actuará el plan de carreteras

El Ministerio de Fomento acometerá durante cuatro años (2017-2021) una veintena de “proyectos de gran envergadura” en autovías, que supondrán actuar en un total de 2.000 kilómetros. Se trata de una longitud equivalente al 12% de la actual red (unos 16.281 kilómetros).

Los proyectos, que se definirán próximamente, tendrán como objetivo completar trazados de vías transeuropeas, trabajos de ampliación y mejora de otras vías y suprimir los ‘cuellos de botella’ que presenta la red. También se incluirán mejoras en las denominadas autovías de primera generación, las más antiguas.

El nuevo plan de carreteras evitará casos como el de las radiales

Todas las obras que se enmarquen dentro del plan de carreteras se adjudicarán a empresas privadas a través de contratos que abarcarán la construcción de la infraestructura y, posteriormente, su mantenimiento durante treinta años.

En virtud de estos contratos, las constructoras tendrán que adelantar el importe necesario para acometer las obras. En concreto, deberán aportar recursos propios para cubrir un 20% de la inversión y financiar el 80% restante. Asimsimo, está previsto que el Banco Europeo de Inversión (BEI) contribuya con hasta un 40% de dicha financiación e incluso lograr fondos europeos del Plan Juncker.

Las empresas recuperarán esta inversión una vez acaben las obras y pongan la autovía en explotación. A partir de ese momento, recibirán un pago o canon anual del Estado durante los treinta años en los que se encargarán del mantenimiento de las vías que, de esta forma, quedan libres de peaje para los usuarios finales.

El Gobierno asegura que este tipo de contrato de colaboración con la iniciativa privada, denominado de ‘pago por disponibilidad’, es el que más utilizando actualmente y de forma satisfactoria otros países europeos para acometer obras sin comprometer el presupuesto público.

Además, incluye medidas para evitar problemas como los registrados en otras infraestructuras construidas en años anteriores con capital privado, como es el de las autopistas de peaje actualmente en quiebra.

Así, el contrato no se vincula al tráfico que tenga la carretera, uno de los principales factores de la quiebra de las autopistas fallidas, dado que la constructora no recuperará la inversión cobrando un peaje sino una aportación del Estado. Asimismo, traslada todos los riesgos del proyecto (desde su financiación hasta los posibles sobrecostes) a las empresas.

Se estima que este pago supondrá a las arcas públicas unos 350 millones de euros al año una vez que en el horizonte de 2020 se vayan poniendo en servicio las autovías que se construyan al amparo plan. Se trata de un importe equivalente al 20% del Presupuesto anual de carreteras del Ministerio de Fomento.

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Marcos Diego

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