Paraísos fiscales

17 mayo, 2007 por

La apuesta por cobrar los mínimos establecidos en el Impuesto de Circulación ha permitido a algunos ayuntamientos pequeños llenar sus arcas hasta límites impensables. Las empresas de alquiler y renting son las grandes beneficiarias de esta política, porque los particulares lo tienen mucho más difícil.

La apuesta por cobrar los mínimos establecidos en el Impuesto de Circulación ha permitido a algunos ayuntamientos pequeños llenar sus arcas hasta límites impensables

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La apuesta por cobrar los mínimos establecidos en el Impuesto de Circulación ha permitido a algunos ayuntamientos pequeños llenar sus arcas hasta límites impensables. Las empresas de alquiler y renting son las grandes beneficiarias de esta política, porque los particulares lo tienen mucho más difícil.


La ley lo permite y, por eso, nada puede hacerse para acabar con el enorme desequilibrio que existe entre las tasas del impuesto municipal de vehículos que cobran los ayuntamientos españoles. Como cada consistorio puede fijar sus tarifas libremente, dentro de unos márgenes, se encuentran diferencias de hasta el 314 por ciento (ver cuadro) en el caso de los coches y esas diferencias llegan hasta el 340 por ciento con las motocicletas. El «caos» se extiende a todo el territorio, porque no hay uniformidad dentro de las comunidades autónomas o la misma provincia, dándose incluso el caso de diferentes baremos para los diferentes tramos del impuesto en un mismo municipio.


Además, esa facultad discrecional otorgada a los consistorios ha hecho posible el nacimiento de auténticos paraísos fiscales que, más que a los automovilistas privados, benefician a las empresas con grandes flotas destinadas al alquiler o el renting. Aprovechando que las compañías pueden montar una sucursal en cualquier población, incluso en locales no abiertos al público, y que ese es el único requisito para poder matricular en ese lugar un número indeterminado de vehículos, tras la desaparición del indicativo provincial, algunos regidores han potenciado la llegada de empresas con grandes flotas a su territorio bajando los impuestos al mínimo permitido.


Como demuestra el análisis realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ese privilegiado tratamiento fiscal permitió que, en 2006, cinco municipios españoles, de entre 250 y 10.700 habitantes, coparan el 22 por ciento de las matriculaciones de coches de empresa realizadas en el país; es decir, 135.095 turismos sobre un total nacional de 614.359. Todo ello gracias a la visión de sus respectivos equipos municipales para comprender que sus diminutos presupuestos podían recibir una importante inyección de ingresos sin consecuencias negativas, puesto que los vehículos allí empadronados ni siquiera pisan sus calles.


Aguilar de Segarra y Rajadell, en Barcelona; Relleu, en Alicante, y Robledo de Chavela y Moralzarzal, en Madrid, son los cinco pueblos que mejor aprovechan el «filón de oro». La fiscalidad de los dos de Madrid es siete veces más baja que la de la capital, donde incluso se paga menos que en otros municipios de la provincia. La diferencia se multiplica por ocho en Barcelona, que figura, tras San Sebastián, como la capital que más cobra en los diferentes tramos. Atraídos por las sustanciosas recaudaciones, que permiten mejorar los servicios sin subir los impuestos a los vecinos, otras corporaciones han entrado en la «lucha por captar clientes» bajando hasta el máximo las tarifas y ofreciendo un trato cercano y rápido, frente a la lenta e impersonal burocracia de las grandes ciudades.


El gran perdedor en esa guerra de precios es el ciudadano de a pie, que se ve obligado a pagar lo que su ayuntamiento estipula, al no poder elegir dónde matricula el coche, que debe ser la localidad en que el propietario esta empadronado. Por ahorrar unos euros al año no compensa cambiar el lugar de residencia, pero en familias con varios vehículos, que tiene una segunda casa, comienza a ser cada vez más habitual un cambio de residencia para pagar menos por el mismo concepto.

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