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Nuevo baremo de indemnizaciones para víctimas de tráfico

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29 de abril, 2015

El nuevo baremo de indemnizaciones para víctimas de accidentes de tráfico prevé un aumento medio de las indemnizaciones entre el 15 y el 16%. Sin embargo, ese aumento no es homogéneo, ya que algunas víctimas verán reducida su indemnización.

Según informa AEA (Automovilistas Europeos Asociados), España cuenta desde el 2008 con una de las coberturas más amplias del seguro de responsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico de toda la Unión Europea, sólo superada por Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido. Sin embargo, las víctimas y sus allegados no son, hasta ahora, las que reciben las mayores indemnizaciones. Esto se debía al baremo de indemnizaciones que acaba de ser moficado por el Gobierno.

Esta modificación surge a iniciativa de AEA, que hace más de ocho años reclamó que se actualizaran las indemnizaciones para las víctimas. En la elaboración del nuevo baremo han trabajado conjuntamente asociaciones de víctimas, fiscalía, asociaciones profesionales y empresariales, etc, con el objetivo común de lograr un sistema más equitativo.

El nuevo baremo de indemnizaciones para víctimas de accidentes de tráfico prevé un aumento medio de las indemnizaciones entre el 15 y el 16%, según la Memoria del análisis del impacto normativo del proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros.

Así, el sistema utilizado hasta ahora suponía un volumen de indemnizaciones de más de 1.500 millones, mientras que el nuevo supera los 1.700 millones.

En el texto, el Ejecutivo especifica que estos más de 1.700 millones de euros corresponden al volumen de indemnizaciones por daños personales de la garantía de Responsabilidad Civil del Seguro del Automóvil.

Trasladado este cambio al 100% del mercado, alcanzaría los 2.856 millones de euros de indemnizaciones por daños personales de media anual, cuyo destino serían las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.

Por tanto, el incremento medio anual de indemnizaciones de pasar del baremo anterior al nuevo se estimaría en 247 millones de euros, 400 millones de euros más que antes.

En el texto también destacan las indemnizaciones por fallecimiento, que representarían un 12% del importe total (212 millones de euros); el coste indemnizatorio de las lesiones permanentes (denominadas secuelas), que representaría un 42% (747 millones de euros); y las lesiones de carácter temporal (IT), que constituyen el 46% del coste total (812 millones de euros).

Por tipo de víctima, los fallecidos incrementan un 50% sus indemnizaciones; y los lesionados -que tienen un peso del 88% entre lesiones permanentes (secuelas) y lesiones temporales- incrementan un 12,8% sus indemnizaciones.

Del mismo modo, el Ejecutivo indica que la repercusión no es homogénea en el ámbito de los lesionados, pues mientras que el conjunto de los lesionados que sufren alguna secuela de carácter permanente experimentan un incremento del 35% respecto a las indemnizaciones del anterior baremo, los perjudicados con lesiones solamente temporales (sin secuela alguna) experimentan, en conjunto, una reducción del 2%.

Según indica el Gobierno, esta reducción “excepcional” afecta a las indemnizaciones básicas de estos lesionados sin secuelas, y es resultado de la decisión de moderar las indemnizaciones en lesiones de menor rango y de incrementar de forma significativa la protección de grandes lesionados y de familiares de fallecidos.

En cuanto al impacto de esta nueva normativa en los Presupuestos Generales del Estado, el documento señala que “las medidas incluidas no supondrán un incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal”, además de asegurar que “se va a producir un claro ahorro presupuestario”.

También indican que “existen beneficios para la sanidad pública que se derivan de los nuevos perjuicios a resarcir”, como los gastos médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves que se cifran en 100 millones de euros anuales que se indemnizarían a los servicios públicos de salud de las diferentes Comunidades Autónomas por parte de las aseguradoras.

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