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Los concesionarios denuncian que se les debe dinero del Plan 2000E

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14 de febrero, 2013

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción ha recordado que el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas les adeudan todavía 6,8 millones de euros del Plan 2000E.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) denuncia que las administraciones públicas adeudan a los concesionarios más de 6,8 millones de euros, correspondientes a los pagos que adelantaron en el marco del Plan 2000E de incentivos a la compra de coches.

En concreto, Faconauto ha reclamado 13.981 operaciones por el citado importe de 6,8 millones de euros, de los que dos millones corresponden al Ministerio de Industria y los 4,8 millones restantes a las comunidades autónomas.

En este sentido, las comunidades a las que exigen el pago de los fondos son Cataluña (1,75 millones de euros), Comunidad Valenciana (1,33 millones de euros), Andalucía (1,45 millones de euros), Castilla-La Mancha (71.000 euros), Castilla y León (145.500 euros), Cantabria (9.000 euros), Extremadura (1.500 euros), Aragón (85.500 euros) y País Vasco (4.000 euros).

La asociación de concesionarios estima además que esta cifra es únicamente un tercio del total, ya que muchos concesionarios decidieron no reclamar judicialmente.

La patronal de los concesionarios celebra además la reciente sentencia de un juzgado de Vitoria, en la que estima un recurso de Faconauto y reconoce la deuda de 4.000 euros contraída por el Gobierno vasco. El presidente de Faconauto, Jaume Roura, destacó en un comunicado que «se ha vuelto a hacer justicia». «El Plan 2000E fue muy perjudicial para muchas pymes que adelantaron un dinero que luego las administraciones no reconocieron como deuda», añadió.

Los concesionarios empezaron a adelantar las subvenciones del Plan 2000E el 8 de enero de 2012. Sin embargo, los problemas técnicos provocaron que no pudieran darlas de alta hasta el 25 de marzo de ese mismo año, cuando el presupuesto estaba casi agotado. Por ello, muchas concesiones no pudieron grabar los expedientes y las administraciones les negaron el reembolso de los fondos adelantados.

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