Prohibir los motores de combustión en 2040 podría ser ilegal

Prohibir los motores de combustión en 2040 podría ser ilegal

20 noviembre, 2018

La Comisión Europea está estudiando si la prohibición anunciada por el Gobierno de España de vender vehículos con emisiones directas de CO2 en 2040 es legal o no. El motivo es que hay dudas sobre si se es conforme o no con la normativa del mercado interno.

Según una entrevista ofrecida a “Tribuna de la Automoción” por Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, la Comisión Europea analizará la conformidad de la prohibición de vender en España coches con motores de combustión a partir de 2040 antes de que se adopte esta medida de forma definitiva.

Para Arias Cañete, no consta que ningún otro país haya fijado por ley la prohibición de vender determinados vehículos. “He oído declaraciones de Gobiernos y ministros de que en 2040 no se podrá…, pero no lo he visto plasmado en legislaciones internas“, ha señalado el comisario, quien ha añadido que “habrá sectores en los que el motor de combustión interna deberá seguir y los fabricantes tendrán que ver cómo cumplen los objetivos de emisiones“.

Desde la Comisión no se plantean prohibiciones de venta de vehículos, ha apuntado el comisario, quien ha dicho que la labor de la Comisión es “establecer trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización, pero no proponer medidas concretas drásticas“.

El Consejo y el Parlamento Europeo están debatiendo la estrategia horizonte 2050 con los objetivos de reducción de emisiones elaborada por la Comisión. El debate, centrado en si se establece un objetivo del 35% o 45% de emisiones se encuentra estancado por la poca flexibilidad de las partes, según Arias Cañete, quien señala que, si no hay acuerdo en esta legislatura, se mantendrán los objetivos de 95 gramos ya establecidosy no iríamos en el camino de atajar las emisiones“.

En este debate también se está considerando el número de puntos de carga, que podría llegar a los 2,8 millones de puntos con el 35% de nivel de emisiones que se está barajando. El comisario considera que no se puede conseguir este objetivo haciéndolo obligatorio únicamente en gasolineras, ya que se trata de puntos públicos de recarga.

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Con respecto a la preocupación manifestada por los fabricantes del sector sobre la posible pérdida de empleo que causaría la electrificación, Arias Cañete ha afirmado que “los datos de la Comisión apuntan a que la electrificación acaba con generación neta de empleo“. Sin embargo, ha apuntado que se producirán impactos claros en los fabricantes, así como externalidades que deberán corregirse.

Arias Cañete ha mencionado en su entrevista otras posibles vías para reducir las emisiones de carbono (CO2), entre las que ha señalado la fiscalidad, otorgar ayudas directas a través del presupuesto comunitario o los antiguos planes Renove. En este sentido, el comisario ha destacado que “lo que tiene que tener un Estado es una política muy clara del nivel de desarrollo de vehículos eléctricos que quiere y poner en marcha los temas de apoyo a las infraestructuras y las políticas fiscales necesarias”.

El tema verdaderamente importante, ha señalado Arias Cañete, es que “no se está hablando de cómo mejorar la formación profesional para hacer posible la descarbonización del sector del transporte” ya que “hay que hacer una transformación justa que permita la reubicación de trabajadores en el sector y la formación de nuevos especialistas“.

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