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Europa anula la normativa para el cobro de multas en el extranjero

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07 de mayo, 2014

La Unión Europea ha anulado temporalmente la directiva que facilitaba la ejecución de multas impuestas a conductores en otros países del continente. No obstante, la normativa continuará en vigor doce meses más hasta que se elabore un nuevo texto legal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la directiva que pretendía facilitar la ejecución de las multas de tráfico impuestas a los conductores en otro Estado miembro distinto del de residencia por considerar que debería haberse utilizado como base jurídica la seguridad vial y no la cooperación policial.

No obstante, el fallo mantiene los efectos de la directiva durante un periodo máximo de un año con el fin de dar tiempo a adoptar una nueva norma con la base jurídica adecuada. El motivo es que el TJUE estima que la anulación «podría repercutir negativamente en la puesta en práctica de la política de la Unión en el ámbito de los transportes».

La norma establece un procedimiento de intercambio de información entre Estados miembros relativa a ocho infracciones en materia de seguridad vial: exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción bajo los efectos de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un carril prohibido y utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.

De esta forma los Estados miembros pueden acceder en otros países a los datos nacionales relativos a la matriculación de vehículos y, así, determinar la persona responsable de la infracción.

La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que recurrió por entender que la directiva se adoptó sobre una base jurídica equivocada. El fallo concluye que la norma «no guarda relación directa con los objetivos de la cooperación policial, puesto que éstos se refieren al desarrollo de una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, por una parte, y a la prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia, por otra parte».

La directiva, apunta el Tribunal, «debería haber sido adoptada» sobre el fundamento de la seguridad vial «ya que, por su finalidad y por su contenido, constituye una medida que permite mejorar la seguridad en los transportes».

Automovilistas aplauden la decisión

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha mostrado su “aprobación” a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al igual que la justicia europea, Arnaldo considera la cooperación policial no debería utilizarse como base jurídica para esta norma, que permitía el intercambio de información entre los 28 sobre infracciones en materia de seguridad vial. A su juicio, “el mecanismo utilizado y su planteamiento no era el adecuado” y existe un conflicto porque “no todos los países tienen el mismo sistema de sanciones”.

Al respecto, ha indicado que la utilización de esta norma para casos de infracciones de tráfico deja, “en muchos casos, en clara indefensión al conductor español en el extranjero”, porque en España las multas son un trámite administrativo, mientras que en otros países se tramitan por vía judicial.

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