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La justicia anula otra sanción de “foto-rojo”

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15 de febrero, 2017

Dos nuevas sentencias judiciales, han anulado las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid a un conductor que en apenas diez días estuvo a punto de agotar su saldo de puntos. Además se condena, nuevamente, al consistorio madrileño al pago de las costas.

No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que los tribunales se pronuncian en favor de los presuntos infractores y anulan las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid en base al denominado sistema “foto-rojo”. En esta ocasión, Automovilistas Asociados Europeos (AEA) ha conseguido que el conductor que, según el consistorio, se había saltado en fase roja y por dos veces el semáforo situado en el número 83 de la Av. del Cardenal Herrera Oria quede libre de culpa y, por lo tanto, no tenga que abonar las dos sanciones de 200 euros cada una y la detracción de 8 puntos que se le reclamaban.

Desde el primer momento, el conductor negó que hubiera cometido las infracciones que se le atribuían y le resultó extraño que en menos de diez días se le hubieran formulado dos denuncias por el mismo motivo y en el mismo lugar, por lo que puso el caso en manos de los servicios jurídicos de AEA dado que con estas sanciones de “foto-rojo” estaba a punto de agotar su saldo de puntos y, con ello, su permiso de conducir.

El Ayuntamiento de Madrid hizo, una vez más, caso omiso de las alegaciones en la que se indicaba que en ninguna de las fotografías obtenidas por el sistema foto-rojo se podía identificar la marca y la matrícula del vehículo que en ellas aparecía, por lo que el caso acabo en los juzgados.

Las sentencias ahora dictadas coinciden en señalar que “la única prueba de cargo del hecho imputado son las fotografías”. Por ello “no es posible deducir con certeza -dice la sentencia dictada por el Juzgado nº 29- que rebasara el semáforo en fase roja, ni por la coloración de la luz del semáforo, ni por la posición de la lente que la emite, dado que por las condiciones climatológicas o por la iluminación ambiental en el momento de actuación del dispositivo fotográfico, que captó la imagen, no permiten determinar con precisión de cual de las tres lentes procede la luz del semáforo, que por su posición permita determinar, como en otros casos, que proviniera de la lente superior. Aparte de que las fotografías no permiten tampoco identificar la marca y matrícula del vehículo que aparece en ellas”.

Respecto de la dictada por el Juzgado nº 25, los argumentos son igual de concluyentes al afirmar categóricamente que “Al no poderse leer en la fotografía captada, que obra en el expediente administrativo (…) la matrícula del vehículo con el que se afirma se cometió la infracción, surge la duda de si realmente el recurrente cometió la infracción”.

Por ello, se anulan las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid, con devolución de los puntos detraídos, al “estimar infringido el principio constitucional de presunción de inocencia”.

Sanciones de “foto-rojo”, el Ayuntamiento actúa de forma ilegal

Estas dos últimas sentencias se añaden a las decenas de sentencias judiciales que se han pronunciado en el mismo sentido, poniendo en duda las sanciones de “foto-rojo” y evidenciando la falta de garantías del sistema utilizado por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta del consistorio no ha sido otra que la instalación de más semáforos con radar, perseverando, de esta manera, en su error, con la intención de seguir vaciando los bolsillos de los contribuyentes.

Durante el pasado año 2016, el Ayuntamiento de Madrid ha duplicado las denuncias por rebasar un semáforo en fase roja formuladas mediante este sistema automatizado de control de infracciones, pasando de 21.749 denuncias en 2015 a 51.357 en 2016. El valor económico de estas multas también se ha multiplicado: de los 4.349.800 € de 2015 se ha pasado a 10.271.400 € en 2016.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “una vez más tenemos que denunciar la ilegal y contumaz actuación del Ayuntamiento de Madrid, en la formulación de denuncias mediante la utilización de un sistema de captación de infracciones sobre cuya legalidad ya se han pronunciado, numerosos juzgados, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hasta el Tribunal Supremo y, lo que es peor, un sistema que no garantiza la seguridad vial de peatones y automovilistas”.

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