Castilla-La Mancha abre expediente a VW tras las denuncias de Facua

Castilla-La Mancha abre expediente a VW tras las denuncias de Facua

6 julio, 2016

Tras las denuncias presentadas por Facua-Consumidores en Acción, la Junta de Castilla-La Mancha ha abierto expediente sancionador al grupo Volkswagen por el fraude en las emisiones. Se trata de la segunda comunidad, tras Andalucía, que inicia estas actuaciones como consecuencia de las reclamaciones de la asociación.

El escándalo de las emisiones afecta aproximadamente a 11 millones de vehículos en todo el mundo, de los que cerca de 700.000 fueron vendidos en España. Nada más conocerse la noticia, Facua puso en marcha una plataforma de afectados de la que forman parte ya más de 40.000 personas, el mayor colectivo de conductores en toda la Unión Europea.

Como parte de su labor en defensa de los consumidores, Facua presentó, el pasado mes de octubre, denuncias contra el grupo Volkswagen ante los diecisiete organismos de Consumo de los gobiernos autonómicos por vulnerar sus respectivas leyes de defensa de los consumidores.

La junta de Andalucía fue la primera en responder y, ahora, es la Junta de Castilla-La Mancha la que abierto el expediente sancionador en el que se imputa a Volkswagen-Audi España “la alteración, adulteración o fraude en bienes o servicios susceptibles de consumo (de vehículo automóvil) por adición o sustracción de cualquier elemento, alteración de composición o calidad, induciendo a engaño o confusión al consumidor”.

En principio, el organismo de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha decidido incoar un expediente sancionador por cada conductor que reclame ante la autoridad autonómica de protección al consumidor. De producirse finalmente las multas, éstas podrían limitarse a un máximo de 5.000 euros por cada afectado que denuncie.

En cuanto al resto de Comunidades Autónomas, siete de ellas han archivado las denuncias de Facua o las han trasladado a la Agencia Catalana de Consumo, alegando que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad. Es el caso de Canarias, La Rioja, Asturias, Navarra, Murcia, Castilla y León y Baleares. Facua está recurriendo estas decisiones, pues, según su criterio, corresponde a las autoridades de protección al consumidor defender los derechos de los usuarios afectados.

La Agencia Catalana de Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tan sólo han informado a Facua de que iniciarán las averiguaciones oportunas para determinar si consideran procedente abrir un expediente sancionador.

Otras cuatro comunidades se han limitado a acusar recibido de las denuncias de Facua sin indicar nada sobre las actuaciones que están llevando a cabo (Cantabria, Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana) en el caso de que lo estén haciendo. Por su parte, Galicia y Extremadura ni siquiera han respondido aún a las denuncias.

 

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