Cárcel para los conductores temerarios

25 junio, 2007, modificada el 24 enero, 2011 por

A final de año, los que conduzcan borrachos o sobrepasen los límites de velocidad lo pagarán con la cárcel.

A final de año, los que conduzcan borrachos o sobrepasen los límites de velocidad lo pagarán con la cárcel.

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Consulta el cuadro: así afectará a los infractores

A final de año, los que conduzcan borrachos o sobrepasen los límites de velocidad lo pagarán con la cárcel. Los grupos parlamentarios del Congreso, salvo PP, PNV e IU, firmaron la pasada semana una proposición de ley para reformar el Código Penal y castigar con más dureza las infracciones al volante.


Para que el permiso por puntos funcione hace falta una reforma urgente del Código Penal y que sea la justicia la que castigue a los reincidentes». Esta frase, pronunciada por el subdirector de Tráfico, Antonio Riu, en unas jornadas celebradas en Barcelona, fue el anticipo de la proposición de Ley de Reforma del Código Penal, que sólo unos días más tarde firmaron los portavoces de seis partidos políticos en el Congreso de los Diputados y que permitirá castigar con mayor dureza las infracciones de tráfico.

Riu sabía que existía un amplio consenso para que la iniciativa se aprobara en esta Legislatura, como lo sabía el diputado de CiU y presidente de la Comisión de Seguridad Vial, Jordi Jané, quien adelantó en esa misma jornada organizada por CEA (Comisariado Europeo del Automóvil) que la propuesta se adoptaría rápidamente. La reforma, que prevé penas de cárcel para los que excedan los 200 kilómetros por hora en autopista o los 110 km/h en ciudad, podría entrar en vigor a finales de este año. Será efectiva tan rápido porque se tramitará por vía urgente en el Parlamento, algo que ya pidió en enero el Grupo Parlamentario Catalán.

La iniciativa legal, calificada de «necesaria y útil» por diputados como Jordi Jané o el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, fija unos límites concretos para ciertas infracciones y pretende acabar con las sentencias contradictorias dictadas por algunos jueces en materias relacionadas con el exceso de velocidad o alcohol al volante. Conducir borracho o hacerlo de forma temeraria ya era delito y conllevaba penas de cárcel, pero en la práctica era el juez el que tenía que interpretar la ley. Ahora, los infractores se enfrentarán a penas de prisión que podrán ser sustituidas por una multa económica y trabajos en beneficio de la comunidad. «No se trata de mayor mano dura, se trata de concretar cuándo se da delito en la conducción, evitando sentencias que indignan a las víctimas de accidentes y a la sociedad en su conjunto», ha explicado Jordi Jané.

Pero la reforma va más allá y no sólo afecta a los excesos de velocidad o de alcohol, cuya tasa máxima al volante para ser considerado delito se ha fijado en 1,2 gramos en sangre o 0,6 en aire expirado. La norma también alcanzará a los que conduzcan con el permiso retirado o a los que hayan perdido todos los puntos y sigan al volante, que podrán ser condenados a permanecer entre tres y seis meses en la cárcel o a penas de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además, se concretan las consecuencias penales para aquellos que se nieguen a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas. La propuesta de reforma también fija con más precisión a quiénes se considera conductores temerarios y las penas de cárcel asociadas a su forma de actuar al volante y establece además el castigo que tendrán las personas que «originen un grave riesgo para la circulación» colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o sustrayendo o anulando la señalización.

LÍMITES DE VELOCIDAD
La iniciativa, firmada por la mayoría de los grupos parlamentarios excepto PP, PNV e IU, incluye también una disposición adicional en la que se insta a las administraciones a revisar la señalización vial «para adecuar los límites de velocidad a las exigencias derivadas de una mayor seguridad». El PP ya ha anunciado que presentará enmiendas al texto. Quiere que la reforma no concrete los límites de velocidad en los que se podría condenar con penas de prisión y pide que se suba de 1,2 a 1,5 gramos de alcohol en sangre la tasa fijada para entrar en prisión, el triple de lo permitido actualmente.

La medida ha sido bien recibida por las asociaciones de víctimas, que hace tiempo demandaban un instrumento administrativo que permitiera castigar con mayor contundencia los delitos de tráfico. No son de la misma opinión los clubs automovilísticos, como el RACE, quien considera que la reforma del Código Penal «criminaliza a los conductores y exime de responsabilidad a la Administración» y opina que «no es la mejor vía para reducir accidentes».

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