Altas cilindradas y todoterrenos excluidos del Plan Prever

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Autor: Autocasión 08 de enero, 2007

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Ya es oficial. Todoterrenos y vehículos de gran cilindrada quedarán excluidos del Plan Prever, desoyendo las recomendaciones del sector

Ya es oficial. Todoterrenos y vehículos de gran cilindrada quedarán excluidos del Plan Prever, desoyendo las recomendaciones del sector

Ya es oficial. Todoterrenos y vehículos de gran cilindrada quedarán excluidos del Plan Prever, desoyendo las recomendaciones del sector, que sigue aportando propuestas para hacer coherente y ecológica la inminente reforma de la fiscalidad del automóvil.

Carlos Ocaña, secretario de estado de Hacienda, ha confirmado que el próximo año no podrán acogerse al Plan Prever, es decir, no tendrán rebaja en el impuesto de circulación, los todoterreno y turismos de cilindradas altas (probablemente de más de 2,5 litros). Ante esta confirmación, las diferentes asociaciones del sector del automóvil han vuelto a expresar su rechazo a una medida que consideran una «excusa medioambiental » para elevar la fiscalidad. También recuerdan que cualquier modelo nuevo de los que serán excluidos contamina menos que otro más pequeño con más de 10 años de antigüedad y que esa modificación supone un escaso impacto ambiental.

Además, según Anfac, que agrupa a los fabricantes, una subida limitada a los vehículos más potentes sólo afectaría a unas 90.000 unidades. Por lo tanto, son escasas las compras de este tipo de coches que se supeditarían a los beneficios del Prever. Por lo que respecta a los importadores, si se confirma que el listón se colocará en una cilindrada de 2,5 litros, estos serán los más perjudicados, por ser las marcas que venden la mayor parte de los automóviles de gran potencia. Además, Aniacam, la organización que los reúne, mantiene su petición de que la fiscalidad medioambiental que se aplique se haga en una cuantía proporcional a la antigüedad de los vehículos, recalcando que son los más vetustos los que más contaminan.

Junto a las críticas a la decisión tomada por Hacienda, fabricantes (Anfac) e importadores (Aniacam) insisten en que se deben buscar medidas lógicas, como la eliminación o rebaja del impuesto de matriculación a aquellos automóviles que emitan menos de 120 o 140 gramos de CO2 por kilómetro.

Propuesta del RACC
No es sólo la industria del motor la que se preocupa por impulsar soluciones efectivas a la inminente reforma que se avecina. Como reconoce Miquel Nadal, el director de la Fundación RACC, también los usuarios tienen mucho que perder si no se opta por un planteamiento global y se sigue recurriendo a medidas puntuales, como las modificaciones que se aplicarán al Plan Prever en 2007. Por eso, el Real Automóvil Club de Cataluña aporta una propuesta que parte del estudio de la fiscalidad de los vehículos en España y Europa y vincula esa fiscalidad a criterios objetivos y medioambientales. Para el RACC, de los tres impuestos específicos que soporta el automóvil, los de matriculación y circulación suponen que «el que más contamina menos paga», porque al ser tasas fijas el precio del kilómetro se reduce a medida que aumenta la utilización del automóvil.

Por el contrario, el de hidrocarburos está directamente vinculado al uso y, además, se encuentran en nuestro país por debajo de la media comunitaria, lo que deja un importante margen de actuación. Son premisas que justifican la eliminación del impuesto de matriculación, la potenciación del de circulación y la vinculación de la base imponible a las emisiones de CO2, para que se mantenga la carga fiscal incentivando a los vehículos más respetuosos con el entorno y penalizando a los que lo son menos, independientemente de que utilicen gasolina o gasóleo. La propuesta contempla la necesidad de un período transitorio de adaptación para los coches ya matriculados y destaca que así no se penaliza la incorporación de elementos de seguridad, al no estar el precio vinculado a los impuestos.

Como medidas complementarias, la deducción del Prever debería subir la bonificación actual e incluir los diésel de entre 6 y 10 años. También se aboga por incentivos a la instalación de filtros de partículas en los diésel. El RACC considera que esa propuesta se queda corta: a largo plazo la fiscalidad debería gravitar sobre los impuesto especiales de combustibles, la única variable que penaliza el uso.