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Un mantenimiento deficiente de las carreteras obligará a reconstruirlas

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08 de mayo, 2013

La Asociación Española de Carreteras (AEC) ha alertado de las consecuencias de los recortes presupuestarios para el mantenimiento de la red viaria ya que las carencias en la conservación pueden obligar a reconstruir vías en el futuro.

Así lo expuso el director general de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Jacobo Díaz, en el VI Congreso Nacional de Seguridad Vial, que se celebra en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, en el que se analiza las auditorías de seguridad vial y el futuro reglamento de circulación.

Ha apuntado que «hace unos años se hizo un gran esfuerzo en la construcción de carreteras, pero sin embargo el ritmo de mantenimiento no es acorde». Problemas en el firme, en la señalización vertical, marcas viales o sistemas de contención, son las principales deficiencias detectadas por la AEC. El director de la AEC ha alertado que «va a llegar el momento en que la carretera no haya que conservarla de manera ordinaria, sino que haya que hacer labores de reconstrucción, para lo que no habrá dinero».

En parecidos términos se ha manifestado el vicepresidente de la AEC, Pablo Sáez, que ha apuntado que la tendencia «no es positiva» porque «no se ha mantenido la inversión», hasta el punto de que si no se actúa en la conservación de carreteras la situación será «preocupante».

Harían falta 2.000 millones más al año para conservar carreteras

El presupuesto para conservación y mantenimiento de las carreteras españolas ha descendido en España desde 2009 y actualmente presenta un déficit de dos mil millones de euros anuales respecto a la cantidad que sería necesaria invertir, según los parámetros técnicos homologados a nivel internacional.

El vicepresidente de la AEC, Pablo Saez, también director gerente de la Asociación Española de Empresas de Conservación de Carreteras, ACEX, ha explicado que ese estudio indica que las carreteras españolas propiedad del Ministerio de Fomento tienen un valor patrimonial de 85.000 millones de euros y asciende a 90.000 millones las de las comunidades autónomas, diputaciones y cabildos.

El parámetro técnico internacional utilizado en el estudio es el de una inversión óptima en conservación del dos por ciento de ese valor al año, por lo que le corresponderían 1.700 millones de euros el Estado y 1.800 el resto de administraciones.

Los datos presupuestarios de las administraciones establecen esa inversión en 900 y 630 millones de euros, respectivamente, es decir, algo más de 1.500 millones de euros en total, frente a los 3.500 que serían necesarios.

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